Cuando España después de la guerra de los siete años recibió la vasta provincia de Luisiana, en un principio no quedó muy claro sómo se administraría la colonia, o respetar las estructuras existentes, también dejando al francés como lengua oficial en la administración y justicia, o sujetarla a los principios de gobierno del resto de las Indias. También se debatía su posición y jerarquía con respecto a otras instituciones coloniales, siendo últimamente sujeto a la capitanía general de La Habana en el mismo modo que el gobierno de Santiago de Cuba y anteriormente el gobierno de Florida, aplicar las Leyes de Indias y remplazar las representaciones municipales de Nueva Orleans por un cabildo al estilo del resto de las posesiones (cf. las informaciones del gobernador O'Reilly en AGI,Santo_Domingo,2594, Nr.70 y 76). Además, un tribunal en La Habana se instaló como intermedio en materias de justicia en vez de una dependencia directa de Santo Domingo. En cuanto a la subdivisión de la provincia, O'Reilly estableció dos tenencias de gobierno, en San Luis/Illinois y Natchitoches y varias “tenencias particulares” en otros distritos, con menores pero similares facultades: impedir el asentamiento y el comercio ilícito de/con extranjeros, administración de bienes de difuntos y similares asuntos, custodiar acusados, examinar testigos de delitos, remitir padrones de población, así como tramitar asuntos al gobernador. En otros lugares, como Arkansas, existieron comandantes con facultades más estrechamente militares, probablemente simplemente porque sus distritos carecían de poblaciones coloniales organizadas. Solo extraña la falta de teniente en el distrito de Atakapas. La devolución de Luisiana de la administración española a Francia no se consumió, por lo que fueron las autoridades españolas que cedieron la provincia a los Estados Unidos en 1804 tras la venta de Luisiana por Napoleón Bonaparte.